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Conflicto legal pone en riesgo la terminal terrestre de Playas
El litigio entre el Municipio y Silvino Mite sobre la titularidad del terreno suspende la audiencia judicial que debía definir el inicio de las obras.
La construcción de la nueva terminal terrestre en Playas enfrenta un obstáculo legal importante. El proyecto, financiado por el Banco de Desarrollo de Ecuador (BEDE) y planificado para un predio de siete hectáreas a dos kilómetros del casco urbano, está sujeto a una disputa sobre quién es el legítimo dueño del terreno. La audiencia convocada para el 17 de junio fue suspendida, lo que retrasa la definición del futuro de esta obra clave para la movilidad en el cantón.
El exconcejal Silvino Mite Orrala demandó al GAD Municipal alegando ser el propietario desde 1994. Mite respalda su reclamo con una ficha catastral de 2009 y recibos de impuestos prediales pagados hasta 2023. El edil sostiene que sus derechos fueron vulnerados cuando el alcalde Gabriel Balladares ordenó inscribir el predio a nombre del Municipio mediante la resolución A-GADMCP-GB-314, anulando las escrituras previas.
La defensa de Mite argumentó que la Procuraduría General del Estado no cumplió con los principios procesales y no tuvo tiempo de revisar el expediente antes de la audiencia. Por esta razón, el juez reprogramó la sesión para el 24 de junio. Los abogados consideraron que faltó la intervención de un amicus curiae, figura legal que permite a terceros aportar información útil al tribunal, como publicó este diario en Obras en el Terminal y Barrio 25 de Julio.
Desde la Alcaldía, el alcalde Balladares sostiene que la legalización del terreno por parte de Mite comenzó en 1999 y que el Concejo aprobó un contrato de arrendamiento en 2010. Sin embargo, señala anomalías en los documentos, como un acta de sesión fechada dos años antes que el contrato y una solicitud de compra-venta presentada solo ocho días después, violando la ley que exige un mínimo de dos años entre acciones. El Cabildo asegura que verificó la titularidad con el registrador de la propiedad antes de presentar el proyecto al BEDE.
