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Delincuencia en las puertas de Playas: padres vigilan a sus hijos tras robos y escopolaminación
Madres e inspectores escolares denuncian la inseguridad en zonas educativas; la Policía admite que el efectivo es insuficiente para cubrir la demanda.
El 31 de mayo de 2022, la seguridad escolar en Playas se convirtió en el centro de una preocupación urgente para las familias del cantón. Mirta Zapata vive con el trauma de ver a su hijo de 15 años víctima de la escopolamina, un delito que le quitó el teléfono y lo dejó aterrorizado a pocas cuadras de la unidad educativa donde estudia en General Villamil. La madre decidió cambiar al menor de colegio para evitar que transite por la ruta anterior, una medida drástica que adoptan decenas de padres guayaquileños y playasenses ante la escalada de violencia.
La audacia de los delincuentes ha llevado a las instituciones educativas a activar alarmas preventivas. En el colegio técnico nocturno, dos sujetos intentaron ingresar vistiendo uniformes de alumnos, mientras que en otro plantel, una menor de 14 años relató cómo hombres con maletines similares a los de los docentes intentaron acercarla para llevarla a una heladería. Kerly, la estudiante, logró huir hacia una tienda y alertar a los dueños, quienes lograron ver el vehículo de escape.
Jorge de la A, inspector general del colegio Doctor Rashid Torbay, confirmó que en las primeras tres semanas de clases ya se registran nueve casos de robos de teléfonos móviles entre estudiantes. De estos hechos, siete involucraron amenazas con armas blancas o de fuego. El directivo señaló que el Colegio Rashid Torbay debe cuidar a 2.800 alumnos en dos jornadas y que la presencia policial, aunque existente, se limita a apenas dos o tres motorizados insuficientes para evitar que los delincuentes se filtren entre vendedores.
Luis Baque, director del distrito de Educación en Playas, reconoció que las reuniones con la Policía y la Comisión de Tránsito, junto con el uso del botón de pánico, no han sido suficientes para calmar a las familias. Los padres exigen más cámaras y agentes, criticando la inacción del alcalde ante lo que consideran una negligencia que podría costar la vida de un menor por sobredosis o agresión.
